A partir del 1 de agosto de 2024, la Ley N° 21.643, conocida como Ley Karin, entrará en vigencia en Chile, estableciendo medidas para prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo, garantizando un entornos más seguro y respetuoso para todas y todos.
La Ley Karin introduce varias modificaciones cruciales a la legislación laboral existente en Chile. Antes de esta ley, el acoso laboral requería conductas reiteradas para ser considerado un delito, sin embargo, la nueva normativa establece que una sola acción de acoso puede ser suficiente para constituir un delito y ser investigada. Esto significa que cualquier trabajador que sufra una agresión o hostigamiento en su lugar de trabajo puede denunciar el hecho inmediatamente, sin tener que esperar a que las conductas se repitan.
La ley también amplía el ámbito de protección al incluir no sólo las relaciones jerárquicas entre jefe y subordinado, sino también las relaciones entre compañeros de trabajo. Esto es crucial, ya que reconoce que el acoso puede venir de cualquier dirección dentro de una organización.
Esta ley lleva el nombre de Karin Salgado, una técnica en enfermería que se quitó la vida en 2019 tras sufrir acoso laboral. Su trágica historia ha sido un catalizador para un cambio significativo en la legislación laboral del país.
Uno de los pilares de la Ley Karin es la implementación de procedimientos claros para la denuncia e investigación de casos de acoso. Todas las empresas, tanto públicas como privadas, están obligadas a tener un protocolo de prevención del acoso, que debe ser incluido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Además, se debe informar a los trabajadores sobre los canales disponibles para realizar denuncias y las medidas de protección que se tomarán para resguardar su integridad.
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) han desarrollado estos protocolos y han llevado a cabo capacitaciones a miles de trabajadores y empleadores para asegurar una correcta implementación de la ley. Estas capacitaciones son esenciales para asegurar que todos los actores involucrados comprendan sus derechos y responsabilidades bajo la nueva normativa.
Las sanciones por conductas de acoso laboral bajo la Ley Karin pueden ser amonestaciones o multas o incluso el término del contrato laboral en casos graves y en el sector público, las conductas de acoso pueden ser causales de destitución. Esto asegura que las medidas correctivas sean proporcionales a la gravedad de las conductas, promoviendo un ambiente de trabajo más seguro y respetuoso.
La Ley Karin representa un cambio cultural significativo en la forma en que se aborda el acoso laboral en Chile. Al eliminar la necesidad de conductas reiteradas para que un acto sea considerado acoso, la ley facilita la denuncia y sanción de éstas, promoviendo un ambiente de trabajo más seguro y respetuoso para todos. Además, la inclusión de protocolos claros y la obligatoriedad de su implementación aseguran que las empresas tomen medidas preventivas efectivas y proporcionen apoyo adecuado a las víctimas.
Esta normativa no solo mejora la protección legal para los trabajadores, sino que también promueve una cultura laboral basada en el respeto y la dignidad. Al reconocer y sancionar adecuadamente el acoso laboral, la Ley Karin fomenta un entorno donde los trabajadores pueden realizar sus labores sin temor a ser hostigados o maltratados.
La entrada en vigencia de la Ley Karin marcará un antes y un después en la legislación laboral chilena. Esta normativa, inspirada en la trágica historia de Karin Salgado, no solo busca prevenir el acoso laboral, sino también transformar los lugares de trabajo en espacios más seguros y respetuosos para todos los trabajadores.
La actualización de conocimientos respecto al cálculo del Subsidio por Incapacidad Laboral fue valorado por los equipos de las Cajas de Compensación.
En la instancia se conversó sobre el rol de las Cajas de Compensación en el sistema de protección social, además de cómo profundizar y consolidar su aporte al bienestar de los chilenos.
Las principales preocupaciones son la cobertura y financiamiento de su salud y de personas con discapacidad, cesantía, acceso a créditos, imposibilidad de ahorrar y de su futura pensión.
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