El mes de garantía es un requisito o condición que se solicita a los arrendatarios para poder llevar a cabo el contrato de acuerdo al uso de la vivienda.
Las personas, por ende, deben pagar un valor que variará según cada caso, ya que dependerá de cuál sea la propiedad que se quiera arrendar.
No obstante, la Ley 18.101 indica que si bien, el arrendador puede exigir el dinero de la garantía al momento de realizar un contrato, el monto no debe superar lo que sería un mes de renta.
El arrendatario debe devolver la garantía luego que la persona con quien tenía el contrato se la solicite. Sin embargo, para pagarla, debe cumplir con ciertas condiciones.
Lo anterior debido a que la Ley 18.101 señala que el monto se debe restituir reajustado a “la misma proporción a la variación que haya experimentado el Índice de Precios al Consumidor, determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o por el organismo que haga sus veces”, el cual debe ser “entre el mes anteprecedente a la entrega de ella y el mes anteprecedente al de su devolución”.
Sin embargo, la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile explica que se debe tener en consideración que este monto también es utilizado en caso que el arrendatario no respete las obligaciones estipuladas, por lo que, en caso que esto suceda, se descontará dinero la cifra.
De esta manera, el mes de garantía se verá afectado de acuerdo al valor de los deterioros que puede haber causado la persona en la propiedad, así como también si es que en algún momento acumuló deudas de servicios o gastos comunes que están impagas.
Entre las múltiples recomendaciones que existen en cuanto a cómo recuperar el mes de garantía, el diario español La Razón destaca los siguientes consejos:
La actualización de conocimientos respecto al cálculo del Subsidio por Incapacidad Laboral fue valorado por los equipos de las Cajas de Compensación.
En la instancia se conversó sobre el rol de las Cajas de Compensación en el sistema de protección social, además de cómo profundizar y consolidar su aporte al bienestar de los chilenos.
Las principales preocupaciones son la cobertura y financiamiento de su salud y de personas con discapacidad, cesantía, acceso a créditos, imposibilidad de ahorrar y de su futura pensión.
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