Autoridades y parlamentarios advierten sobre riesgos de préstamos informales y destacan al crédito social como barrera de protección financiera

En su exposición, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, advirtió que el préstamo informal se ha transformado en una fuente de ingresos permanente paramorganizaciones criminales y planteó que la persecución penal, por sí sola, no basta.

Con una alta convocatoria, Cajas de Chile A.G. realizó este viernes el conversatorio “Gota a gota: La realidad del crédito informal en Chile”, nuevo encuentro del ciclo “Diálogos por el bienestar social de Chile”. La jornada congregó a autoridades de Gobierno, parlamentarios, representantes de las Cajas de Compensación, la banca y el retail financiero, dirigentes gremiales, ejecutivos, académicos y miembros
de la sociedad civil, quienes analizaron las causas, consecuencias y riesgos de uno de los fenómenos delictuales con mayor impacto social en el país, el crédito informal.

El encuentro fue inaugurado por el presidente de Cajas de Chile A.G., Marcelo Forni, y contó con la exposición central del subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero. Luego, un panel integrado por la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, y los diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana Raúl Leiva y Eduardo Cretton, profundizó en los desafíos para enfrentar este delito.

Un negocio de baja inversión, alta rentabilidad y cobro con amenazas El subsecretario Guerrero explicó que el “gota a gota” consiste en préstamos de montos pequeños, con cobros diarios o semanales, dirigidos a personas que no acceden al crédito bancario. Su operación sigue
un patrón definido: identifica a comerciantes, trabajadores informales y hogares sin acceso rápido al crédito formal; presta dinero inmediato, sin garantías ni evaluación y con intereses muy altos; controla el pago a través de “caminantes”, motos, aplicaciones y bases de datos; y, ante el atraso, recurre a amenazas, daños a la propiedad y, en algunos casos, violencia.

Según la encuesta de ChileDeudas (2025), aplicada a cerca de 5.000 personas con obligaciones financieras: el 45% declara haber recurrido a prestamistas informales y el 80% de quienes están en mora afirma haber recibido amenazas. Entre los motivos para acudir a estos préstamos destacan las urgencias de salud (35%), impulsar un negocio (30%) y evitar el embargo de bienes (25%). La autoridad subrayó que el fenómeno tiene presencia en todo el país. En Arica se dictó en 2018 la primera condena nacional, con 15 condenados por usura y asociación ilícita; en 2024, la investigación a la banda conocida como “La Empresa” terminó con 44 detenidos; y en 2025, la operación “Sin salida”
incluyó allanamientos en Temuco, Castro y Chonchi, con 14 formalizados y más de $62 millones incautados.

Para el crimen organizado, añadió, el “gota a gota” resulta atractivo porque ofrece in ingreso permanente, alta rentabilidad con baja inversión, control sobre comunidades y un canal para el lavado de activos, con vínculos documentados con el narcotráfico, la extorsión y la trata de personas. Pese a que la legislación vigente sanciona la usura y la extorsión, Guerrero advirtió que no existe una categoría
estadística propia para este delito y que las víctimas rara vez denuncian, lo que dificulta dimensionarlo y coordinar su persecución.

«El crédito informal, conocido como gota a gota, está directamente relacionado con extorsiones y el uso de la fuerza. Es un fenómeno transversal que exige mejorar no solo la persecución penal, sino también la inclusión financiera. Nos importa muchísimo formalizar a quienes no tienen acceso al crédito tradicional a través de las Cajas de Compensación, para evitar que sean víctimas del delito y construir un sistema de protección social adecuado para el país”, indicó Gonzalo Guerrero, subsecretario de Prevención del Delito.

Crédito Social: la alternativa formal para quienes la banca no atiende

Luego de la exposición, el panel compuesto por la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón; y los diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Raúl Leiva y Eduardo Cretton coincidieron en que ninguna medida basta por sí sola y que combatir el fenómeno solo con sanciones puede traspasar costos a los deudores, en forma de intereses más altos y cobros más violentos. Por ello, se propuso un abordaje
en cuatro ejes: persecución penal y decomiso de activos, supervisión de plataformas digitales, inclusión y educación financieras.

La subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, destacó el valor de contar con alternativas seguras: «Frente al crédito informal que trae amenazas, intereses altísimos y violencia a las familias chilenas, las Cajas de Compensación tienen una gran labor. Aportan una oferta legal que compite con el gota a gota, entregando un crédito más sano, accesible y con tasas más bajas. Para esto, es fundamental fortalecer el
empleo formal, permitiendo que más personas accedan a la seguridad social”.

En la misma línea, los panelistas hicieron un llamado a articular al sector público, a la banca, al retail financiero y a las Cajas de Compensación, junto a gremios del comercio y organizaciones sociales, para detectar la oferta ilegal donde circula y ofrecer a las víctimas una salida formal. Desde el ámbito legislativo, el diputado Raúl Leiva, miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, relevó la urgencia de ampliar estos modelos: «En el mercado financiero, las Cajas de Compensación juegan un rol fundamental gracias al crédito mediante descuento por planilla para trabajadores formales y pensionados. El gran desafío que tenemos en materia de legislación y gestión estatal es cómo somos capaces de exportar esta exitosa experiencia de protección social a quienes hoy no están formalizados,
para así aportar al desarrollo seguro de Chile”.

En este escenario, los participantes destacaron el rol del Crédito Social de las Cajas de Compensación, instrumento de inclusión financiera que durante más de 50 años ha apoyado a trabajadores y pensionados sin acceso a otras formas de financiamiento. Cada año se otorgan cerca de 1,5 millones de créditos sociales, de los cuales el 60% corresponde a montos inferiores a $500.000, y más del 55% beneficia a personas excluidas del sistema financiero tradicional por su edad, nivel de ingresos o antecedentes comerciales negativos.

El diputado Eduardo Cretton, también integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, advirtió sobre la exclusión del sistema: «El gota a gota es una nueva realidad delictiva que debemos mirar desde dos perspectivas: la persecución penal de estas modalidades de crimen organizado, y el aspecto económico y social, donde mucha gente hoy está excluida del sistema. Es ahí donde la función que cumplen las Cajas
de Compensación es vital, al permitir que un amplio segmento de la población no bancarizada pueda acceder a un financiamiento seguro”.
Estos créditos tienen tasas fijas y en pesos, que en promedio se ubican un 26,5% bajo la tasa máxima convencional (agosto de 2026, según datos de SUSESO y CMF), además de límites de descuento sobre la remuneración o pensión para prevenir el sobreendeudamiento. A julio de 2026, la cartera vigente superaba los 2,2 millones de operaciones; el 82% del monto corresponde a trabajadores y el 18% a pensionados. Al tratarse de entidades sin fines de lucro, los excedentes de las cajas se devuelven a sus más de 7,4 millones de afiliados en nuevos créditos y beneficios sociales.

El presidente de Cajas de Chile, Marcelo Forni, valoró el consenso de las autoridades y reafirmó el compromiso del gremio: «Este diálogo ratifica la importancia del Crédito Social como instrumento de inclusión financiera para trabajadores y pensionados de ingresos medios y bajos. Esta herramienta contribuye directamente a cerrar el espacio al crédito informal, abarcando a un segmento que muchas veces no tiene acceso al sistema tradicional por edad, ingresos o antecedentes comerciales. Hoy son dos millones de chilenos los que tienen una puerta abierta en las Cajas de Compensación y que, gracias a esto, no tienen que recurrir al peligro del préstamo informal”.

El encuentro marcó un hito en la agenda gremial para visibilizar la urgencia de enfrentar el crédito informal desde una mirada integral, que combine sanción, prevención e inclusión, y para resguardar las herramientas de financiamiento regulado que hoy ofrecen liquidez segura a los sectores de ingresos medios y bajos del país.